Con la Constitución Política de 1991, Colombia dispone de un marco jurídico que establece orientaciones sobre las cuales se debe regir la política municipal para la promoción del desarrollo económico y social, al señalar instrumentos de planificación como los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial, entre otros aspectos. En este sentido, la competencia directa sobre la planificación y administración del desarrollo social económico y físico del territorio corresponde a los municipios, para lo cual se cuenta con una serie de normas y disposiciones legales como marco para la planificación territorial.